¿Cómo puede PROSEC cambiar el cálculo del artículo 63-A?

Para entender el efecto de PROSEC hay que regresar a la mecánica del artículo 2.5 del T-MEC.

En primer lugar, la Resolución T-MEC establece que, para determinadas mercancías no originarias introducidas a México bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles y posteriormente relacionadas con una exportación o retorno a Estados Unidos o Canadá, debe compararse el IGI mexicano correspondiente a las mercancías no originarias con el impuesto de importación efectivamente pagado en Estados Unidos o Canadá.

En otras palabras, en este cluster hemos denominado A al IGI mexicano correspondiente a las mercancías extranjeras no originarias introducidas bajo el programa de diferimiento y B al impuesto pagado por la importación definitiva en Estados Unidos o Canadá de la mercancía posteriormente exportada o retornada.

Así, cuando A es mayor que B, la diferencia constituye el IGI a pagar conforme a esa mecánica. En cambio, cuando A es igual o menor que B, no resulta IGI a pagar.

La tasa relevante es la de la operación original

Por ejemplo, si B fuera $50,000, la diferencia A − B sería de $100,000 en el primer escenario y de $0 en el segundo. La diferencia puede ser material.

Sin embargo, la empresa no puede elegir retrospectivamente la tasa que produzca el resultado más favorable. Debe demostrar cuál era la tasa jurídicamente aplicable cuando ocurrió la operación.

La lógica completa de A, B, mercancías no originarias y artículo 2.5 se desarrolla en nuestra guía sobre artículo 63-A e IGI en importaciones temporales IMMEX.

PROSEC histórico no significa PROSEC retroactivo

Por eso, no es correcto resumir el problema diciendo: “Hoy puedo aplicar PROSEC retroactivamente.”

La pregunta correcta es otra: ¿el derecho material a utilizar esa tasa PROSEC ya existía cuando se realizó la operación original?

Así, una rectificación posterior puede, en determinados supuestos, corregir una declaración que no reflejó correctamente una situación jurídica ya existente. Lo que no debe hacer es crear hacia atrás un beneficio que la empresa no tenía en la fecha relevante.

Además, la propia regla 6.1.1 de las RGCE aporta un dato muy claro. En el supuesto específico en que una rectificación genera un pago de lo indebido y en el pedimento consta pago en efectivo, la regla exige autorización previa.

Sin embargo, exceptúa de ese supuesto los pagos de lo indebido derivados de aranceles PROSEC cuando, a la fecha de la operación original, el importador ya contaba con la autorización del Programa correspondiente para el sector de que se trate.

Por tanto, esa excepción es importante, pero no significa que la regla 6.1.1 autorice de manera general cualquier rectificación histórica relacionada con PROSEC. Tampoco significa que encontrar un Programa PROSEC antiguo sea suficiente.

Qué debe existir en la fecha de la operación original

Por ello, para sostener una tasa histórica deben coincidir el Programa vigente, el sector autorizado, el producto fabricado, el bien importado comprendido en el Decreto, la clasificación arancelaria, la tasa aplicable y la fecha de la operación, además de cualquier otra condición material aplicable al caso.

Además, esto cobra especial importancia porque el Decreto PROSEC y la tarifa arancelaria han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Una fracción que tiene actualmente determinada tasa PROSEC no demuestra por sí misma qué tratamiento correspondía en 2018, 2020 o 2021.

El derecho debe reconstruirse con la norma y los hechos de la operación original.

Si necesitas revisar el alcance general del esquema, consulta nuestro servicio de Programa PROSEC.

¿Qué pasa si la tasa PROSEC aplicable era 0%?

Por tanto, cuando, después de validar esos elementos, la tasa jurídicamente aplicable para una mercancía era 0%, para esa partida o mercancía correctamente identificada no existiría un monto positivo de IGI derivado de dicha tasa.

Además, el Anexo 22 vigente contempla expresamente, dentro de los identificadores relacionados con operaciones sujetas al artículo 2.5 del T-MEC, el supuesto en el que éste no aplica cuando la tasa es 0% o exenta como resultado, entre otras posibilidades, de una preferencia PROSEC.

Por ello, la conclusión debe construirse sobre las mercancías efectivamente involucradas y no sobre la existencia genérica de un Programa PROSEC.

Caso práctico: cambiar A no significa necesariamente recuperar dinero

En este ejemplo, la empresa nunca pagó $150,000 al realizar la importación temporal. Esos $150,000 estaban determinados en el pedimento, pero FP5 implicó que no se enteraran en ese momento.

Por tanto, la corrección de A de $150,000 a $50,000 no significa que existan automáticamente $100,000 pagados en exceso que puedan solicitarse en devolución.

Por tanto, lo que puede haber cambiado es la determinación correcta del IGI mexicano que debía utilizarse para reconstruir la obligación posterior del artículo 63-A.

Además, esa diferencia explica por qué no es correcto cuantificar una contingencia histórica sumando indiscriminadamente el IGI determinado de todos los pedimentos temporales con FP5.

Determinar la tasa correcta y rectificar el pedimento son dos problemas diferentes

Ahora bien, supongamos que el análisis material concluye que la tasa correcta era PROSEC 5% y no 15%.

Sin embargo, todavía falta responder otra pregunta: ¿qué debe hacerse con el pedimento que contiene una determinación distinta?

El derecho material a utilizar PROSEC para determinar A no nace del R1. Para operaciones sujetas al T-MEC, la regla 9 de su Resolución permite considerar la tasa PROSEC en el cálculo de A, y la RGCE 1.6.11 también reconoce el uso de esa tasa para la determinación del IGI en importaciones temporales.

En cambio, la rectificación atiende a otra cuestión: cómo corregir los datos declarados en el pedimento cuando éstos no corresponden a la situación que jurídicamente debió declararse.

R1 y CT no son lo mismo

Por tanto, presentar un R1 no sustituye un CT que jurídicamente debió presentarse, del mismo modo que un CT no es el mecanismo genérico para corregir cualquier dato incorrecto de una importación temporal.

La diferencia entre ambos instrumentos se desarrolla en nuestra guía sobre pedimento complementario CT y plazo de 60 días.

¿Qué permiten actualmente el artículo 89 y la RGCE 6.1.1?

A partir de aquí, una respuesta de “sí, sólo presenta un R1” se vuelve jurídicamente riesgosa.

En primer lugar, el artículo 89 de la Ley Aduanera permite modificar datos de un pedimento mediante rectificación, pero esa facultad está sujeta a las restricciones y procedimientos previstos por la propia Ley y por las RGCE.

Además, el artículo 89 fue modificado en noviembre de 2025, con efectos a partir de 2026, para precisar que incluso antes de activar el mecanismo de selección automatizado pueden existir supuestos que requieran autorización de la autoridad aduanera conforme a reglas. Una vez activado el mecanismo, la Ley también remite a los supuestos de autorización establecidos mediante reglas.

Por su parte, la regla 6.1.1 vigente añade otro elemento relevante: después de activado el mecanismo de selección automatizado señala que los importadores y exportadores pueden rectificar el pedimento por errores administrativos o menores, salvo los supuestos regulados en el párrafo siguiente. Después desarrolla los casos en los que debe solicitarse autorización previa.

La excepción PROSEC no equivale a una rectificación libre

En concreto, entre esos casos está el de una rectificación que genera pago de lo indebido cuando en el pedimento consta pago en efectivo. Dentro de ese supuesto aparece la excepción PROSEC ya mencionada: no se exige esa autorización por esa causa cuando el pago de lo indebido deriva de aranceles PROSEC y el importador ya contaba con el Programa correspondiente para el sector en la fecha de la operación original.

Por ello, debe analizarse el dato que se pretende modificar, la naturaleza del error, si existe un procedimiento específico, la situación procesal del pedimento y las reglas vigentes al momento de intentar la rectificación.

Qué aporta el criterio de la Suprema Corte

Además, esta necesidad de leer conjuntamente el artículo 89 y las RGCE fue reforzada por la Suprema Corte en 2026. En la jurisprudencia P./J. 3/2026 (12a.), el Pleno determinó que la regla 6.1.1 aplicable en 2020, 2021 y 2022 no vulneraba el principio de reserva de ley porque el artículo 89 contiene una cláusula que habilita a las reglas para precisar supuestos y procedimientos de autorización de rectificaciones.

Ese criterio no resolvió específicamente un caso de PROSEC, FP5 o artículo 63-A, por lo que no debe utilizarse para afirmar que una rectificación de este tipo sea automáticamente procedente.

¿Puede rectificarse un pedimento de varios años atrás?

En este tema suelen aparecer dos respuestas demasiado simples:

“Después de cinco años ya no puedes rectificar.”

y, en el extremo contrario:

“El artículo 89 no establece cinco años, así que puedes rectificar cualquier pedimento antiguo.”

Ninguna es suficientemente precisa.

La antigüedad no determina por sí sola la procedencia

En realidad, no existe en el artículo 89 ni en la regla 6.1.1 una regla universal que establezca que todo pedimento deja automáticamente de ser rectificable al cumplir cinco años.

Sin embargo, eso no significa que la antigüedad sea irrelevante ni que cualquier corrección histórica sea procedente.

Por tanto, hay que identificar qué dato se pretende modificar, qué regla lo gobierna, si existe un procedimiento especial, si se requiere autorización, si han existido actos de autoridad y qué documentación conserva la empresa para acreditar la situación original.

Por eso un pedimento de 2019 no debe analizarse simplemente con la tabla PROSEC de 2026, aunque la rectificación se esté evaluando en 2026.

Operaciones anteriores al T-MEC

Existe además un corte temporal indispensable.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. Una operación de 2018 o 2019 no debe fundamentarse retrospectivamente con el artículo 2.5 del T-MEC ni con la Resolución publicada en 2020.

Por tanto, para esos periodos debe revisarse el marco TLCAN aplicable, incluido el artículo 303 y las disposiciones aduaneras vigentes en la fecha correspondiente.

Asimismo, la misma disciplina aplica a PROSEC: debe utilizarse la fracción, tasa y regulación histórica que correspondían a la operación.

Rectificar un pedimento no significa necesariamente recuperar dinero

Cuando una revisión encuentra una tasa histórica aparentemente incorrecta, conviene responder tres preguntas en ese orden:

Por eso, un “sí” en una de esas preguntas no produce automáticamente un “sí” en las otras dos.

De hecho, el caso FP5 lo demuestra con claridad: una empresa puede descubrir que A estaba sobredeterminado sin que exista, por ese solo hecho, dinero pagado de más en el pedimento temporal original.

¿Qué cambia cuando sí hubo IGI efectivamente pagado?

En cambio, si la empresa sí enteró IGI y posteriormente demuestra que el monto pagado fue superior al jurídicamente debido, entonces sí aparece un análisis distinto.

En ese escenario, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece la devolución de las cantidades pagadas indebidamente. Antes de hablar de una devolución debe existir una cantidad efectivamente enterada que jurídicamente no correspondía en ese monto.

Sin embargo, la rectificación puede formar parte del expediente que sustente esa conclusión, pero no convierte automáticamente la diferencia declarada en un derecho de devolución.

Tampoco deben presentarse “devolución” y “compensación” como alternativas automáticas o intercambiables. El artículo 23 del CFF excluye expresamente de su régimen general de compensación a los impuestos causados con motivo de la importación.

Por otra parte, para los impuestos al comercio exterior existe un mecanismo aduanero específico de compensación sujeto al artículo 138 del Reglamento de la Ley Aduanera y a la regla 1.6.19 de las RGCE, además de los requisitos aplicables al origen del saldo a favor.

Por eso el análisis correcto no es simplemente: “Rectifico y después pido devolución o compenso.”

Primero debe identificarse qué cantidad fue efectivamente pagada, por qué resultó indebida y cuál es la vía jurídica que corresponde para ese saldo.

¿Y qué pasa con la prescripción?

En materia de prescripción, el artículo 22 del CFF dispone que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. También establece que una solicitud de devolución constituye una gestión de cobro que interrumpe la prescripción, salvo cuando el particular se desiste.

Además, el artículo 146 establece como regla general un término de cinco años para la prescripción del crédito fiscal y contempla reglas de interrupción y suspensión.

Por eso no es correcto concluir, sin revisar el expediente, que “todo pago realizado en 2018 ya está prescrito”. El punto de partida del cómputo y los actos posteriores pueden cambiar la respuesta.

Qué validar antes de intentar una rectificación relacionada con PROSEC

Antes de presentar un R1 o de reducir una exposición histórica 63-A sobre la base de una tasa PROSEC diferente, el expediente debería permitir responder al menos lo siguiente:

Este análisis no requiere convertir cada revisión en una auditoría masiva de Anexo 24. Esa reconstrucción tiene otro alcance y será materia de una publicación específica de este cluster.

Conclusión: tasa correcta, rectificación y recuperación de dinero son tres decisiones distintas

PROSEC puede cambiar materialmente un análisis del artículo 63-A.

Si una tasa PROSEC era jurídicamente aplicable en la fecha de la operación original, puede modificar el IGI mexicano utilizado para determinar A y, con ello, cambiar la diferencia que resulte frente al impuesto pagado en Estados Unidos o Canadá bajo la mecánica del artículo 2.5 del T-MEC.

Sin embargo, eso no significa que PROSEC se esté otorgando retroactivamente.

En otras palabras, debe demostrarse que el derecho a esa tasa ya existía cuando ocurrió la operación.

A partir de ahí, debe resolverse una segunda cuestión: si el pedimento no refleja correctamente esa situación, ¿qué dato requiere corrección y cuál es hoy la vía jurídicamente procedente para rectificarlo?

Sólo entonces, cuando además existió dinero efectivamente enterado, surge una tercera pregunta: ¿hubo un pago de lo indebido y todavía existe una vía para recuperarlo?

Por ejemplo, en una importación temporal con FP5 estas diferencias pueden ser decisivas. Una tasa de 15% que jurídicamente debió ser de 5% puede reducir A de $150,000 a $50,000 y modificar en $100,000 la posible exposición analizada.

Sin embargo, si los $150,000 nunca fueron pagados al momento de la importación temporal, la corrección no genera por sí sola una devolución de $100,000.

Por tanto, lo que cambia es la determinación jurídica sobre la cual debe reconstruirse la obligación.

Por eso, antes de presentar una rectificación, la pregunta no debe ser únicamente “¿podemos poner PROSEC en el R1?”

La revisión correcta es más amplia: ¿qué tasa correspondía realmente en la operación original, qué dato del pedimento debe corregirse y qué consecuencia económica produjo —o no produjo— esa diferencia?